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PRI Campeche criticó el uso de recursos públicos para competir con comerciantes, señalando que esta práctica afecta a negocios locales y reiterando su compromiso con la defensa del patrimonio de las familias campechanas.
El PRI Campeche advirtió sobre una práctica que considera preocupante para la economía local, al señalar que el uso de recursos públicos para competir directamente con negocios y emprendedores representa una forma de competencia desleal que afecta el desarrollo económico de quienes dependen de su actividad comercial para sostener a sus familias, generando un escenario donde el propio gobierno interviene en condiciones que distorsionan el mercado.
Desde este posicionamiento, el PRI Campeche subrayó que el papel del gobierno no debe ser el de competir con la ciudadanía, sino el de generar condiciones que permitan el crecimiento de los negocios locales, facilitando su desarrollo, promoviendo el consumo interno y garantizando que existan reglas claras que permitan una competencia equitativa, sin ventajas indebidas financiadas con dinero público.
El partido destacó que cuando los recursos provenientes de los impuestos se utilizan para actividades que desplazan o afectan a los comerciantes, se rompe el equilibrio necesario para el funcionamiento de la economía local, ya que los emprendedores enfrentan condiciones desiguales frente a estructuras que cuentan con respaldo institucional y presupuestal, lo que limita sus posibilidades de crecimiento y permanencia.
Asimismo, el PRI Campeche señaló que esta situación no solo impacta a los negocios, sino que tiene consecuencias más amplias en la economía de las comunidades, donde el comercio local juega un papel fundamental en la generación de empleo, en la circulación del dinero y en el fortalecimiento del tejido social, por lo que cualquier acción que debilite este sector termina afectando directamente a las familias campechanas.
Con este posicionamiento, el PRI Campeche reafirma su compromiso de defender a los comerciantes y emprendedores, insistiendo en la necesidad de garantizar que el uso de los recursos públicos se enfoque en impulsar el desarrollo y no en generar competencia desleal, destacando que la protección del patrimonio de la ciudadanía pasa por construir condiciones justas, transparentes y orientadas al crecimiento de quienes todos los días sostienen la economía local.
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