Alejandro Moreno destacó que la presión social fue clave en la salida de Rocha Moya. El presidente del PRI subraya el papel de la ciudadanía.
La salida de Rubén Rocha Moya, gobernador de Morena, no se explica únicamente desde las decisiones tomadas en el ámbito político, sino desde un proceso de presión social que se fue consolidando con el paso del tiempo. Alejandro Moreno señaló que miles de familias en Sinaloa dejaron de permanecer en silencio y comenzaron a expresar de manera abierta su inconformidad frente a una situación que consideraban insostenible. Para el presidente nacional del PRI, este fenómeno refleja el momento en que la ciudadanía asume un papel activo frente a la falta de respuestas institucionales.
Alejandro Moreno explicó que las manifestaciones y exigencias públicas no surgieron de una estrategia política, sino de la experiencia directa de quienes enfrentaban condiciones de inseguridad en su vida diaria. En ese sentido, sostuvo que la percepción de narcopolíticos en el poder reforzó el descontento social, al generar la idea de que los problemas no solo no se resolvían, sino que podían estar vinculados a decisiones desde el propio gobierno.
El líder priista advirtió que este tipo de presión social es una señal clara de desgaste institucional. Cuando la ciudadanía recurre a la movilización para exigir cambios, se evidencia una ruptura en los canales formales de comunicación entre gobierno y sociedad. Alejandro Moreno afirmó que en Sinaloa esta ruptura se volvió cada vez más visible, generando un escenario donde la permanencia del gobernador dejó de ser sostenible.
A partir de este caso, Alejandro Moreno planteó que la participación ciudadana no puede limitarse al momento electoral, sino que debe mantenerse como un elemento constante de vigilancia. La exigencia de resultados, explicó, es un componente fundamental para evitar que situaciones similares se prolonguen en el tiempo sin consecuencias.
Finalmente, Alejandro Moreno subrayó que la salida de Rocha Moya también representa un mensaje sobre los límites del poder frente a la presión social. Sin embargo, advirtió que este tipo de cambios deben acompañarse de acciones estructurales que garanticen que no existan narcopolíticos en posiciones de decisión, fortaleciendo así la relación entre ciudadanía e instituciones.
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